Ayer descarriló un tren.
Hoy, como siempre, no descarriló nadie responsable.
El accidente fue inmediato. La reacción, automática. El guion, conocido. Comparecencias serias, tono compungido, promesas de “llegar hasta el final”, y esa frase comodín que sirve para todo: “cuando se esclarezcan los hechos”. Una fórmula mágica que permite ganar tiempo mientras la memoria colectiva se va diluyendo como una mancha en la lluvia.
En este país los trenes pueden fallar, pero el relato nunca lo hace.
Porque aquí no hay negligencias: hay “circunstancias”.
No hay decisiones políticas: hay “factores técnicos”.
No hay responsables: hay “investigaciones en curso”.
Y mientras tanto, la infraestructura envejece, los avisos se ignoran, los informes se guardan en cajones y la prioridad real sigue siendo otra muy distinta: que el coste político del accidente sea menor que el coste de prevenirlo.
El Gobierno —este y los anteriores, porque la desmemoria también es transversal— ha convertido la seguridad en una partida presupuestaria molesta, de esas que no lucen en campaña. Invertir en mantenimiento no da titulares. Escuchar a técnicos no suma votos. Reconocer errores no encaja en el storytelling del poder.
Eso sí: el día después, todos están.
Están las declaraciones.
Están las condolencias.
Están las fotos con gesto grave.
Lo que no está es la autocrítica.
Lo que nunca llega es la asunción de responsabilidades reales.
Lo que siempre falta es alguien que diga: “Esto se pudo evitar y no se evitó”.
Porque cuando el Estado falla, no dimite nadie.
Cuando mueren personas, se activa el protocolo de anestesia social.
Y cuando pasa el tiempo suficiente, el accidente se convierte en archivo, en estadística, en pasado incómodo.
Hasta el próximo.
El problema no es que haya accidentes.
El problema es que el sistema está diseñado para sobrevivirlos sin aprender nada.
Y así seguimos: con trenes que descarrilan de vez en cuando y gobiernos que jamás lo hacen.
Siempre en vía. Siempre impunes. Siempre iguales.
— Paca
